LAS ELECCIONES EN ESPAÑA (2ª PARTE)

Entre el último cuarto del siglo XIX y el primero del XX se asentó el falso parlamentarismo, el de fachada democrática, a pesar de ser el período de mayor actividad, tanto en el Congreso de los Diputados como en los colegios electorales. Campañas, partidos políticos legalizados en su totalidad, huelgas, tolerancia religiosa, libertades individuales y sociales amparadas en la Constitución de 1876…, van a ser protagonistas de aquella España en la que cualquier extranjero que viajase por ella hacia 1900 apreciaba un sistema político homologable a los de la Europa vecina transpirenaica. Lo único no homologable era la extrema pobreza, el atraso cultural, la radicalización política, la violencia cotidiana, el distanciamiento de la sociedad, etc, etc, es decir un país atrasado, sin democracia y con un parlamentarismo simbólico.

 

La vieja Casa de Correos, Ministerio de Gobernación, DGS o actual sede de la Comunidad de Madrid, en la madrileña Puerta del Sol.

2.
1875 - 1923. LA RESTAURACIÓN:

EL PARLAMENTARISMO DE SALÓN O PSEUDO DEMOCRÁTICO

EL REINADO DE ALFONSO XII, 1875-1885

En la Navidad de 1874 se dio el golpe militar de Sagunto por los generales Jovellar y Martínez Campos. Acababan así seis años y poco más de tres meses marcados por rebeliones cantonales, una guerra colonial en Cuba, una nueva guerra civil carlista (tercera), una crisis económica, una monarquía democrática, una República federal y una dictadura personal en persona de Serrano. En ese Sexenio “Revolucionario” o “Democrático” las urnas no estuvieron guardadas en el almacén.

El invierno de 1875 entraba un joven Alfonso XII en Madrid. Un presidente del gobierno, el abogado malagueño, viejo moderado isabelino y catalizador del sector monárquico borbónico, Antonio Cánovas del Castillo, iba a configurar un nuevo régimen político basado en el liberalismo. Ahora se abre ese segundo período de pseudo liberalismo español, aunque se exaltase la vida parlamentaria, partidista, y aunque el viejo edificio de la madrileña Carrera de San Jerónimo, el Congreso de los Diputados, tuviese su mayor período interrumpido de vida liberal-parlamentaria.

En 1875 no podía volverse a repetir sin más la vieja monarquía isabelina. Cánovas iba a cambiar el sistema de 1845 por otro de fachada liberal abierto a la democracia. Ya el pronunciamiento saguntino le contrarió. Buscaba restaurar el trono borbónico con legitimidad fingida, sin golpe. El movimiento de Martínez Campos siempre pesó como pecado original de aquella monarquía restaurada hasta 1931, a la que se llamó de “Sagunto”, como sorna de su nacimiento golpista. En el Sexenio obligó a Isabel II a abdicar en su joven hijo, pues la vida disoluta de la reina era un obstáculo para esa restauración que tanto ansiaba ese grupo oligárquico de poder.

Cánovas se inventó el liberalismo: inició un proceso constituyente nuevo con sus elecciones a Cortes mediante el sufragio universal falseado para dar aparente legitimidad. Esas elecciones llevaron a la Constitución de 1876, aprobada en junio de ese año. Será la Constitución de mayor vigor en nuestra vida constitucional: 46 años.

El segundo paso fue pactar con los viejos progresistas de Prim, ahora liderados por Sagasta. Ambos partidos se turnarían pacíficamente, electoralmente, sin tener que recurrir a los pronunciamientos del anterior reinado. Los militares pasaron a un segundo plano hasta 1923. Se volvía a un régimen de liberalismo doctrinario o antidemocrático ya obsoleto en la vecina Europa. Ese régimen tendría unas elecciones con el sufragio censitario, sin la totalidad de partidos legalizados y sin las libertades sociales reconocidas. Ocupó hasta 1885, fecha en que murió el rey Alfonso XII en el palacio madrileño de El Pardo. Estas elecciones no las vamos a explicar aquí por su simplicidad y antiparlamentarismo.

Antonio Cánovas del Castillo, el líder de los conservadores

y creador del tinglado de la Restauración

Práxedes Mateo Sagasta, líder de los liberales y principal apoyo del régimen.

LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA, 1885-1902

En 1885 se firmó el Pacto de El Pardo entre los liberales (antiguos progresistas) de Sagasta y los conservadores (antiguos moderados) de Cánovas. Sagasta aceptaba el régimen ya sin reservas a cambio de “lavar la cara” de la Constitución y darle una fachada democrática. Entre 1886 y 1891 los liberales tienen el poder (única legislatura completa) y elaboran leyes fundamentales que legalizan los partidos y sindicatos (el PSOE y la UGT salen a la luz pública), reconocen derechos sociales como la huelga, la libertad de expresión plena, etc. Pero la gran ley será la del Sufragio universal de 1890. La jugada era clara: había que dar legitimidad democrática al régimen ante los cambios socioeconómicos que se avecinaban en ese final de siglo. Al exterior todo parecía perfecto, pero en las entrañas del sistema se trataba de un acuerdo interno entre los dos partidos.

Los conservadores de Cánovas eran, generalmente, oligarcas olivareros de la mitad sur del país, Extremadura, Andalucía; mientras que los liberales de Sagasta eran terratenientes de la meseta norte, el valle del Ebro y la cornisa Cantábrica. En otras palabras: la España del latifundio se ponía de acuerdo con la España de la propiedad media y minifundista. Más tarde se unió al sistema la alta burguesía vasca. Como puede verse es el llamado bloque oligárquico ya citado por Tuñón de Lara. Este historiador estableció ese bloque cerrado, con política matrimonial calculada para futuras herencias de patrimonios, una política más propia del Antiguo Régimen que de finales del siglo XIX e inicios del XX.

El resto de la sociedad quedaba marginada del poder definitivamente, con las elecciones amañadas y con la legitimidad falsa. Clases medias urbanas de profesionales, abogados, intelectuales, funcionarios, profesores, pequeños empresarios, etc, junto a las ya numerosas clases proletarizadas: jornaleros paupérrimos, a nivel de la más mísera subsistencia, trabajadores de fábricas y talleres en aumento por el actual momento de industrialización, junto a la masa de marginados de la sociedad: aún existía el bandolerismo rural en la mitad sur, y la creciente delincuencia en las ciudades con barrios ya proletarizados, con inmigrantes rurales sin futuro más allá de la emigración ultramarina.

Republicanos (muy divididos entre sí tras la experiencia fallida de 1873), como representantes de esas clases medias desilusionadas con la monarquía y ese bipartidismo que no les satisface sus expectativas; socialistas marxistas que buscan atraerse a la masa obrera urbana del norte minero e industrial de Asturias y Vizcaya; y anarquistas extraordinariamente numerosos y asentados en la Cataluña industrial y el campo meridional.

El panorama se complicaba esos años finiseculares. Continuaba una extrema derecha, ultramontana y reaccionaria, ante ese nuevo mundo industrial que nacía y que no veía a los canovistas como la barrera protectora contra los cambios que amenazaban sus viejos modos de vida: el carlismo, vencido por las armas en 1875, pero dominante aún con diputados en el Congreso, en Álava y Navarra, y muy importante en las dos restantes provincias vascas. Poco a poco se ve absorbido por el nacionalismo vasco. Los no nacionalistas irán tejiendo una red que culminará en las fuerzas vasco-navarras del carlismo franquista en la futura guerra civil.

En estos años finiseculares, en toda Europa llegan a su cumbre los movimientos nacionalistas nacidos en el Congreso de Viena. Un ideario que vuelve la vista a un pasado romántico que hace olvidar las miserias del mundo burgués e industrial. La Lliga Regionalista de Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) tendrán buenas votaciones y sentarán diputados en las Cortes.

El proceso simplificado de elecciones “democráticas” era el siguiente desde 1891. El partido gobernante, en un momento dado de la legislatura, presentaba la dimisión a la regente ante una crisis inventada, apremiado por el otro partido, que pedía muy secretamente el poder tras unos dos años de media en la oposición. Acto seguido, la regente entregaba el poder al partido de la oposición. El nuevo gobierno resultante debía convocar elecciones anticipadas para obtener una mayoría parlamentaria para poder gobernar. ¿Qué pasaba si perdía las elecciones? No las podía perder, porque si eso ocurría, la monarquía caía. Por ello, el nievo gobierno debía organizar la máquina de falsificación electoral.

El nuevo ministro de Gobernación (hoy de Interior) desde su despacho nombraba los nuevos gobernadores civiles provinciales. La actual Puerta del Sol madrileña tiene el emblemático edificio de esa época. Se le conocía como “Gobenación”. Compartía espacio hasta 1918 con su uso inicial en el siglo XVIII: la “Casa de Correos”. En la época del franquismo se le llamaba popularmente: la DGS, tristemente célebre por su represión, a modo de supercomisaría, la vieja Dirección General de Seguridad.

En ese despacho el ministro ordenaba a sus nuevos gobernadores contactar con las élites provinciales en las respectivas capitales. En cada provincia las principales familias estaban afiliadas a uno de los dos partidos sin tener en cuenta ideologías, sólo el interés particular. La familia afiliada al partido del nuevo gobierno era la convocada y la encargada de hacer todo lo posible para que el partido ganase. La familia del partido opuesto debía de inhibirse.

El cacique local, es decir, el cabeza de esa familia dominante, recurría a todo tipo de tretas: palizas, amenazas, despidos, compra de votos, falsificación de papeletas, pucherazo, manipulación del censo electoral, etc, etc.

Con la libertad de prensa plena, los diarios publicaban editoriales hipercríticos en la campaña electoral. Los días posteriores a las elecciones, leer la prensa era leer relatos hasta graciosos de todo tipo de incidentes de ese día. El resultado no era nada interesante, pues ya se sabía de antemano el resultado. Sólo en algunas grandes ciudades o en comarcas de las provincias vasco-navarras y catalanas interesaba saber el número de diputados republicanos, socialistas, carlistas y regionalistas, que se sentarían en los escaños sobrantes del reparto entre los dos grandes.

En la Regencia de María Cristina se celebraron seis elecciones con sus respectivos resultados:

1891, ganan los conservadores.

1893, ganan los liberales.

1896, ganan los conservadores.

1898, ganan los liberales.

1999, ganan los conservadores.

1901, ganan los liberales.

En 1891 es el primer ensayo de caciquismo electoral y de falseamiento con la nueva ley. ¿Alguien podría decir que a los canovistas les faltaba legitimidad al haber sido elegidos por sufragio universal libre, directo y secreto? Ahora ya no solo les “elegían” los ricos, sino también los hombres mayores de edad de toda clase y condición. La jugada del sufragio universal en 1891 era perfecta ante la opinión pública, tanto nacional como internacional. ¿Quién dice que España no es una democracia?.

Las elecciones de 1893 van a colocar a los liberales en el poder. Era lógico que se diese la sensación de normalidad. Lo más significativo será la victoria de las candidaturas republicanas en las capitales. Se les había “escapado de la mano” el resultado aunque, bien mirado, era una justificación de la normalidad política.

En 1896 el turno vuelve a imponerse, aunque ya se nota que sería imposible una revalidación del poder por el partido anteriormente en el gobierno.

1898 se ve marcado por el paso de la patata caliente del conflicto colonial que se avecinaba: la guerra contre Estados Unidos. El fundador del sistema, Antonio Cánovas del Castillo ya no está, ha sido asesinado por un anarquista. Sagasta se ve obligado a gestionar la derrota.

En 1899, tras el desastre, los conservadores piden el poder. Se apuntan al carro del regeneracionismo de su nuevo líder Silvela.

En 1901, el nuevo siglo impone de nuevo a los liberales, las últimas elecciones de Sagasta y de la regente María Cristina. El viejo don Práxedes era un anciano y su muerte estaba próxima.

La duración de las legislaturas es de dos años de media, con una duración máxima de tres años y una mínima de uno. ¿Alguien puede creerse que no había teatro interno? ¿Era lógico ese vaivén electoral? ¿En dos años la mayoría del pueblo español iba a cambiar de ideología? ¿En esos diez años era lógico que ni siquiera se cambiasen los candidatos a presidente del gobierno? ¿Podrían los dos presidentes turnantes consentir que un partido diferente ganase las elecciones y formase gobierno y arruinase los fundamentos de la monarquía de Sagunto? ¿Era la España de la Restauración una democracia? La respuesta a esas preguntas es un no rotundo. Con ese bagaje se iniciaban un nuevo siglo y un nuevo reinado. Sin embargo nada va a cambiar.

EL REINADO PARLAMENTARIO DE ALFONSO XIII, 1902-1923

En 1902 el príncipe de Asturias accedía al trono efectivo de manera formal, al declarársele mayor de edad. Contaba Con 16 años de edad. El impedimento para la democratización del país era el mismo: dejar hablar al pueblo español sería, posiblemente, el final de los Borbones, su desaprobación por segunda vez. Como su abuela Isabel II, Alfonso XIII sería expulsado en cuanto el pueblo tuvo la menor ocasión. Esta llegó en abril de 1931.

Con una problemática socieconómica nueva, propia de un nuevo siglo muy convulso, el sistema de la Restauración, diseñado para el siglo anterior, debía reformarse o sucumbir. Los dos líderes de antaño no tienen sucesores estables y se forman facciones personalistas en los dos partidos del “turno”: silvelistas, mauristas o datistas entre los conservadores; canalejistas, romanonistas o prietistas por los liberales.

Las elecciones siguen la misma tónica de escándalo mayúsculo, ante las críticas cada vez mayores de la oposición al sistema, ya sea desde el lado carlista, republicano, socialista, anarquista o nacionalista.

En 1917 algunos historiadores han hablado de ocasión perdida. En plena crisis bélica europea, en plena efervescencia social interna española, con el terrorismo y pistolerismo en Cataluña, y con el pánico de ciertos sectores ante la primera revolución marxista de la historia en la vieja Rusia zarista, se necesitaba un proceso constituyente nuevo, un político joven y un rey decidido a ello. Un regionalista catalán, Francesc Cambó había intentado ese camino en julio. Una cena en un restaurante barcelonés reunió a políticos interesados en un proceso de cambio sin tocar la monarquía. La respuesta fue el cierre de las Cortes. Desde entonces, la monarquía y su régimen de 1876 estaban sentenciados.

Antonio Maura, el gran líder conservador de inicios del siglo XX.

 El conde de Romanones, don Álvaro de Figueroa,

el gran cacique liberal de la provincia de Guadalajara en el primer cuarto del siglo XX.

 Las elecciones que se celebraron en el reinado parlamentario de Alfonso XIII fueron las siguientes:

1903, triunfo conservador.

1905, triunfo liberal.

1907, triunfo conservador.

1910, triunfo liberal.

1914, triunfo conservador.

1916, triunfo liberal.

1918, triunfo liberal.

1919, triunfo conservador.

1920, triunfo conservador.

1923, triunfo liberal.

Sólo en los años de la guerra mundial hubo inestabilidad parlamentaria, pero solo en el seno de los dos grandes partidos. La duración de las legislaturas es de dos años también. La opinión pública está por completo de espaldas a la vida parlamentaria y ese rechazo a la cultura de las elecciones es patente. Curiosa paradoja en un país de “tradición electoral”.

El general Miguel Primo de Rivera, el golpista que acabó con la Restauración y jefe de la primera dictadura del siglo XX.

El 13 de septiembre de 1923 se interrumpe el parlamentarismo español sin que apenas nadie salga en su defensa. El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, resucita el viejo pronunciamiento decimonónico que parecía finiquitado con Cánovas. La Restauración y su texto constitucional de 1876 no volverían a resucitar, aunque con su legalidad se celebraron -1931- dos elecciones mínimamente democráticas y limpias, prólogo de la II República.